Si hay algo en que coinciden opositores y gobiernistas en Venezuela es que la situación política es pésima. Échese a quien se eche la culpa (que ambos sectores parecen tenerlo muy claro, sin derecho a réplica), el Ministerio de Defensa estaría aportando otra botella de gasolina al fuego con la resolución 008610, publicada en la Gaceta Oficial del 27 de enero de 2015. Medios opositores están haciendo mucho énfasis en este aval del control militar al orden público que incluye el “uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal”, (que se menciona en el item 7 del artículo 22 las Normas sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en funciones de control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones). Luego se lo está aliando al artículo 4 que habla sobre la distribución de funciones del comando de las Fuerzas Armadas, que habla de “evitar los desórdenes, apoyar la autoridad legítimamente constituida y rechazar toda agresión, enfrentándola de inmediato y con los medios necesarios”.

El mismo documento oficial menciona, ya otra vez en el artículo 22 que dentro de los criterios para graduar el uso de fuerza, para usar armas potencialmente mortales solo estará autorizado en una situación que «constituya una amenaza cierta y efectiva a la vida de cualquier persona envuelta en la situación, con el fin de preservarla».

Es decir, las posibilidades de interpretación son un peligro. El documento entero puede leerlo aquí, el mismo explica las medidas disuasivas y las herramientas para contrarrestar las protestas.

En muchos países se utilizan términos similares como uso de fuerza progresiva, que termina siendo igual represión e incluso con armas aparentemente no letales, igual se pueda provocar víctimas y abusos. Hay atenuantes respecto a que no todos los manifestantes son pacifistas y llevan armas de fuego, y aparte está la eterna sospecha de infiltrados, que siempre es argumento para deslindarse de la responsabilidad.

Ahora bien el simple de hecho de permitir armas «mortales» es un indicio de que si alguien debe morir, morirá. Lo cual es inaceptable, sea cual sea la bandera que se defienda. De ahí, además están los tecnicismos legales, como que las garantías del artículo 68 de la Constitución venezolana señalan que  «se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.

Sin pretender salirnos del contexto del hermano país, recordamos el discurso del Ché Guevara en la ONU, donde mencionaba la lucha contra el imperialismo (consigna que sigue siendo muy usada):  «Queremos paz esta disposición nueva de un continente de América está plasmada y resumida en el grito que dí­a a dí­a nuestras masas proclaman como expresión irrefutable de su decisión de lucha paralizando la mano armada del invasor, proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo y especialmente del campo socialista encabezado por la Unión Soviética esa proclama es patria o muerte» -lea el discurso completo aquí-.

¿En serio ese «patria o muerte» sigue siendo la mejor consigna para ser elevada a los altares del socialismo?