El pasado 3 de octubre, una red internacional de periodistas liberó la mayor filtración de información sobre el uso de paraísos fiscales por parte de grandes empresarios y líderes de varios Estados como Rusia, Turquía, Chile o Ecuador. En el caso de este último, es el Presidente de la República quien ha aparecido como socio o accionista de múltiples empresas offshore. Desde el 5 de octubre se lo ha llamado a presentarse ante la Asamblea Nacional. El mandatario ha respondido, en una carta: “es de dominio público que no tengo nada que esconderle al país”.
La Comisión de Garantías Constitucionales fue encargada de elaborar el informe que determine si el Presidente incumplió con el artículo 4 de la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular. Este informe presentó varias inconsistencias, errores y mala interpretación de la terminología legal, por lo que fue archivado y se le encargó a la Comisión de Fiscalización trabajar uno nuevo. En este, gracias a documentos apostillados enviados por Trident Trust Company, se determinó que no existe relación entre el primer mandatario y las empresas con las que se lo buscaba vincular.
Ahora bien, el presidente Lasso pudo haberse presentado a declarar ante la Asamblea Nacional la primera vez que fue llamado. De esta manera, se hubiese ahorrado gran parte del escrutinio público, ya que, teniendo toda la evidencia de no estar vinculado con dichas empresas offshore, lo pudo haber demostrado antes.
